Por: Humberto Torres
La propuesta de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial ha generado mucho debate. El argumento central de quiénes están a favor es para combatir la corrupción y el nepotismo, pues consideran que el actual sistema de designaciones está controlado por élites políticas o económicas, lo que favorece redes de poder y corrupción.
A través de la elección directa se busca permitir que la ciudadanía tenga un rol activo en la conformación del Poder Judicial, algo que hoy solo hacen la Presidenta, el Senado y el Consejo de la Judicatura. Sin duda, reforma es parte de un proyecto más amplio de transformación del Estado promovido por el gobierno anterior que busca “democratizar” todos los poderes.
Sin embargo existen preocupaciones, entre ellos, el riesgo de politización, pues elegir jueces como si fueran candidatos podría convertir al Poder Judicial en un espacio de campañas, propaganda y promesas populistas, lo cual puede debilitar su imparcialidad.
Los detractores de este proceso alertan del debilitamiento de la técnica jurídica y se teme que los jueces más capacitados no sean elegidos porque no son populares o no hacen campaña, mientras que sí podrían ganar quienes tengan mejores habilidades políticas o de marketing. Si los jueces deben hacer campaña o alinearse con partidos para ser electos, su independencia para juzgar con base en la Constitución y no en presiones políticas puede verse comprometida.
A pocas semanas de que los mexicanos acudan a las urnas, uno de los riesgos más serios de implementar elecciones judiciales por voto popular en México —y particularmente en lugares como Oaxaca— es la baja participación ciudadana.
La mayoría de las personas no conoce a jueces o magistrados, ni entiende a fondo sus funciones, lo que reduce el interés en votar por ellos. A diferencia de los candidatos a presidente o gobernador, los jueces no suelen hacer campañas llamativas, lo cual puede llevar a que la elección pase desapercibida.
Mucha gente piensa que “todos los jueces son corruptos” y eso genera apatía. Aunado a ello, si se suman más elecciones (presidencial, diputados, locales, judicial), es posible que haya cansancio ciudadano y menor participación en las boletas “menos importantes”.
El riesgo está latente pues especialistas advierten que si solo vota el 30% de la población, se puede cuestionar su autoridad y representación.
Con poca participación, grupos con poder económico o político podrían movilizar votos para imponer candidatos que les convengan. En zonas donde hay clientelismo o estructuras de control político, como en algunas regiones de Oaxaca, la elección podría no reflejar la voluntad libre del pueblo.
